La reciente destitución de Ana Cristina Muñoz, exdirectora de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para la región de Córdoba y Bajo Cauca, ha desatado una gran controversia. Su salida se debió a la presunta presentación de documentos falsos en su hoja de vida, particularmente en lo relacionado con su experiencia en la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic).
Según informes, Muñoz no pudo demostrar el tiempo de experiencia que afirmaba tener en la Onic. La organización aclaró que el certificado que presentó hacía referencia a un voluntariado en la Guardia Indígena Nacional, lo que no justificaba su aseveración de haber trabajado como asesora profesional. Al investigar más a fondo, la URT verificó los pagos de su seguridad social y no encontró evidencia de su vinculación laboral, lo que levantó sospechas de posibles irregularidades en la documentación presentada.
Después de casi un año en el cargo, Muñoz fue destituida. En su lugar, el director general de la URT, Giovani Yule, nombró a Paula Villa Vélez como directora territorial encargada. Villa, abogada con una maestría en Asuntos Internacionales, ya tiene experiencia en otras regiones dentro de la entidad.
A pesar de que Muñoz había alegado ser víctima de una persecución, los hechos sugieren posibles indicios de falsificación de documentos. Además, algunas de sus declaraciones sobre supuestas irregularidades en el arriendo de la nueva sede de la URT han generado descontento dentro de la institución.
