Según informes de la SAE, los funcionarios encargados de la diligencia han sido amedrentados por abogados que representan a los ocupantes irregulares de la finca. Estos abogados han recurrido a insultos y malos tratos, lo que ha impedido el avance de las acciones legales y ha bloqueado el ingreso de camiones destinados a trasladar los animales que se encuentran en la propiedad.
La situación se ha visto agravada por la presencia de funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y del Ministerio Público, quienes también han enfrentado dificultades debido a la actitud hostil de los representantes legales de los ocupantes.
A pesar de estos desafíos, la SAE ha reiterado su compromiso de entregar la finca a “campesinos honestos y trabajadores”, como parte de su política de democratización de activos. Este caso forma parte de un proceso más amplio, en el que recientemente la Corte Suprema de Justicia ordenó el traslado de Musa Besaile a prisión, por su implicación en el caso del extinto Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).
