
Desde esta posición, profirió una orden de libertad a dos hombres detenidos por presunta responsabilidad en el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Se alega que estos individuos se movilizaban en una motocicleta y portaban 17 cartuchos calibre 9mm sin el permiso correspondiente.
El fiscal justificó su decisión argumentando dudas sobre la legalidad del procedimiento de captura y alegando que el comportamiento de los detenidos no representaba un peligro para la seguridad pública.
Sin embargo, el Tribunal determinó que la actuación del fiscal fue contraria a la ley, ignorando disposiciones legales y actuando con desprecio hacia el informe de captura en flagrancia. Por ello, lo condenó a 54 meses de prisión, una multa y la inhabilitación de derechos y funciones públicas por un período de 84 meses.
La defensa ha apelado la decisión, por lo que será la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia quien determine si confirma o revoca la sentencia emitida el lunes 8 de abril de 2024.