A raíz del escándalo que sacude a la Unidad Nacional de Protección (UNP) por el uso de camionetas de la entidad para transportar disidentes de las FARC con órdenes de captura vigentes, la Procuraduría realizó una inspección disciplinaria para identificar qué servidores públicos incumplieron la normatividad, manuales y protocolos que regulan el ejercicio de la función relacionada con los esquemas colectivos de protección.
El equipo liderado por la Directora Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, Lucila Mercedes Vidal Luque, recaudó pruebas documentales que permitirán establecer el tipo de vinculación de los agentes de protección involucrados en el episodio. Esto se dio después de que en un retén militar, en cercanías de Bello, Antioquia, se detuviera una caravana en la que se movilizaba un grupo de disidentes de las FARC, encontrándose al interior de los vehículos elementos como armas de fuego, municiones, dinero, entre otros.
“Vinimos a corroborar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron estos hechos”, señaló la Directora Nacional, recalcando que “si bien es cierto que el esquema de protección colectivo era prestado por tercerizados, no descartamos indagar sobre los procesos de contratación y los manuales de funciones de los partícipes en los mismos”.
Esta situación, advirtió la funcionaria, “podría llevar a determinar conductas disciplinarias relevantes en las que hubiesen podido incurrir servidores del nivel directivo y otros”. Por esta razón, anunció que se realizará una inspección disciplinaria a las oficinas de la Alta Consejería para la Paz y en la Unidad Militar del municipio de Bello.
