En un capítulo legal lleno de tensiones, el juez promiscuo de Malambo, Franklin Bedoya, sostiene con firmeza su determinación de que el Ejército asume la responsabilidad del traslado de Emilio Tapia al batallón Vergara y Velasco. Esta decisión surge debido a supuestos problemas de seguridad que rodean la estancia de Tapia en la penitenciaría El Bosque, donde su celda se encuentra apartada del pabellón de funcionarios públicos, cerrado en mayo pasado.
Blu Radio ha obtenido en exclusiva el documento que revela la notificación al Ejército, emitida el pasado viernes 17 de noviembre, sobre una orden de cinco días de arresto para el general de brigada Roger Gómez Herrera, comandante de la Primera División, y el coronel Óscar Javier. Fernández, director del batallón designado para recibir a Tapia. Esto, en respuesta al presunto incumplimiento de la orden judicial.
Ante las objeciones previas del Ejército, que alegó falta de espacio debido a la presencia de Aida Merlano, la orden se ha vuelto más enfática, exigiendo el despliegue de «los medios disponibles y necesarios» para cumplir con la tutela emitida desde junio, reiterando la misma directora.
La especificación detallada indica que el traslado debe llevarse a cabo en una habitación dentro del «casino de oficiales o casa fiscal», descartando la posibilidad de que sea en la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad para Miembros del Ejército, que también opera en la misma ubicación.
Como colofón, el juez no solo busca la ejecución de la orden, sino que también ha enviado una copia de la sanción a la Procuraduría ya la Fiscalía. Estas instituciones están llamadas a asumir las acciones disciplinarias y penales pertinentes frente al presunto desacato por parte de los funcionarios castrenses.
Este episodio legal promete seguir generando tensiones y marcando un precedente en la interacción entre la judicatura y las fuerzas armadas.
