El Tribunal Administrativo de Córdoba ha desestimado la demanda presentada por Juan Guillermo Díaz Pérez, quien buscaba anular la elección de Ivys Judith Marzola Redondo como alcaldesa de Puerto Escondido para el periodo 2024-2027. Díaz argumentaba que Marzola incurrió en inhabilidades según lo estipulado en la ley 136 de 1994, específicamente por haber ejercido como gestora social durante la administración de Heidi Joana Torres Becerra.
Sin embargo, tras una exhaustiva investigación, el tribunal concluyó que el cargo de gestora social no constituye un empleo público, por lo que no se aplican las inhabilidades para servidores públicos en este caso. Además, se determinó que la intervención de la Registraduría Nacional del Estado Civil no era pertinente para este proceso.
Con este fallo, se reafirma la validez de la elección de Marzola Redondo, garantizando su posición como alcaldesa de Puerto Escondido y desestimando las acusaciones que buscaban comprometer su mandato.
