Judicial

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Montería ha impuesto siete días de arresto y una multa equivalente a siete salarios mínimos legales mensuales vigentes para el presidente (e) de Urrá, Eduardo Díaz Pérez, junto con los miembros de la Junta Directiva de la empresa.

Esta medida se ha tomado debido a su incumplimiento con una orden judicial emitida por el mismo tribunal, la cual exigía la convocatoria de una Junta Directiva para llevar a cabo las acciones necesarias para la incorporación de Rafael Amaya Del Vecchio como presidente de la compañía.

El arresto deberá ser cumplido en los calabozos de la Sijín o CTI en Montería.

La sentencia, fechada el 4 de abril de 2024, protegió los derechos fundamentales al debido proceso, estabilidad laboral, trabajo, seguridad social y mínimo vital de Amaya Del Vecchio, ordenando la convocatoria de la Junta Directiva en un plazo de tres días hábiles para llevar a cabo su vinculación al cargo que anteriormente ocupaba.

A pesar de esta orden judicial, el accionante presentó un incidente de desacato, argumentando que la empresa no había cumplido con la sentencia al no reincorporarlo a su puesto de trabajo dentro del plazo establecido.

El juez del caso, Edwin Rodelo Tapia, reprendió al presidente (e) y a la Junta Directiva por no acatar plenamente la orden judicial, destacando que su intento de condicionar el cumplimiento de la sentencia a futuras decisiones era arbitrario y contrario al precedente establecido.

Esta decisión ha sido remitida a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, y de ser confirmada, se procederá a ejecutar el arresto ordenado.

Luis Carlos Rojas

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