El arresto deberá ser cumplido en los calabozos de la Sijín o CTI en Montería.
La sentencia, fechada el 4 de abril de 2024, protegió los derechos fundamentales al debido proceso, estabilidad laboral, trabajo, seguridad social y mínimo vital de Amaya Del Vecchio, ordenando la convocatoria de la Junta Directiva en un plazo de tres días hábiles para llevar a cabo su vinculación al cargo que anteriormente ocupaba.
A pesar de esta orden judicial, el accionante presentó un incidente de desacato, argumentando que la empresa no había cumplido con la sentencia al no reincorporarlo a su puesto de trabajo dentro del plazo establecido.
El juez del caso, Edwin Rodelo Tapia, reprendió al presidente (e) y a la Junta Directiva por no acatar plenamente la orden judicial, destacando que su intento de condicionar el cumplimiento de la sentencia a futuras decisiones era arbitrario y contrario al precedente establecido.
Esta decisión ha sido remitida a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, y de ser confirmada, se procederá a ejecutar el arresto ordenado.
