El concejal Said Llorente, presidente de la Corporación, junto al exalcalde Martín Jalal, fueron asesorados por funcionarios de la Contraloría Departamental, sobre las medidas a seguir, con respecto a la
serie de irregularidades administrativas e institucional que dejó la administración del alcalde saliente, Guillermo Llorente Petro.
La idea es tomar las acciones necesarias, con el fin de determinar los delitos e implicaciones legales que estas le causarán al municipio por incumplimiento en los términos de la contracción pública, y deudas de prestaciones sociales que hoy tiene el municipio, al no cumplir con las obligaciones de la planta de personal, entre otros, a pesar de la disponibilidad de los recursos contemplados en el presupuesto del municipio en la vigencia 2023.