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Se le acusó de recibir millones de pesos de Alejandro Lyons, su predecesor en el cargo, quien confesó haber desviado fondos públicos. La Procuraduría lo destituyó e inhabilitó en enero de 2019, pero Besaile impugnó la decisión ante el Consejo de Estado.
El Consejo de Estado determinó que las decisiones que imponen sanciones a funcionarios elegidos popularmente violan las garantías judiciales y el principio de jurisdiccionalidad establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, consideró que la autoridad administrativa carece de competencia para establecer e imponer la inhabilidad política.
Se realizó un control de convencionalidad entre la legislación colombiana y la Convención Americana, concluyendo que las sanciones impuestas por autoridades administrativas son contrarias a esta última, que solo permite la restricción de derechos políticos mediante una condena en un proceso penal.
La decisión constituye un precedente sobre los alcances del poder disciplinario frente a los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular, priorizando el derecho internacional sobre el ordenamiento jurídico colombiano.
