Se debe a varios factores. El Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla consideró que la resolución presidencial que otorgaba esta libertad vulneraba la Constitución, ya que pretendía generar el efecto práctico de un indulto. Además, se argumentó que la gestión de paz de Mancuso carecía de límites temporales y geográficos, y no se definían claramente sus propósitos y objetivos en dicho rol.
Anteriormente, se había concedido la libertad «a prueba» a Mancuso en medio de la designación del Gobierno nacional para que fuera gestor de paz. Esta medida fue adoptada por una juez de ejecución de penas de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, quien le concedió la libertad en tres de los 50 procesos que enfrentaba. Sin embargo, esta decisión estaba sujeta a la revisión y aprobación de otras autoridades, como el Tribunal de Barranquilla.
Es importante destacar que, a pesar de esta negativa de libertad bajo la figura de gestor de paz, Mancuso aún enfrenta numerosas medidas de aseguramiento por otros procesos judiciales, por lo que su liberación estaría sujeta a que no sea requerido por otra autoridad en relación con estos casos pendientes.
